Las fuentes genealógicas en los Archivos Estatales

Borgoforte (Mantova), stato civile napoleonico, morti 1807 (AS Mantova).

AS Agrigento, Stato civile, 258, (Nati, 1833).

ASPa, Indice decennale dei Nati di Palermo, 1846-1855.

Liste di leva Castel Goffredo (Mantova), classe 1909 (AS Mantova).

ASNa, Fogli matricolari, classe 1895, inc. 311.

ASNa, Archivi notarili, Notai del XVIII.

Museo casa natale Giacomo Puccini, fondo dell'Anna.

ASLi, Archivio storico del cantiere navale Luigi Orlando di Livorno, anno 1902.

En el ámbito de la administración de archivos italiana, los Archivos Estatales, articulados a partir de las provincias, representan los más importantes institutos de conservación y valorización de la documentación pública estatal. Éstos conservan: 1) los archivos de los Estados italianos anteriores a la unidad de Italia; 2) los documentos de los órganos judiciales y administrativos centrales y periféricos del Estado que ya no son necesarios; 3) el resto de los archivos y documentos, públicos y privados, que el Estado tiene en propiedad o ha recibido en donación o depósito, como archivos familiares, de empresa, de corporaciones religiosas y de entes públicos no estatales.

En los Archivos Estatales se conservan muchísimas fuentes, tanto públicas como privadas, indispensables para la investigación genealógica y para la historia de algunas familias y personas. Las principales son:

  • El Registro Civil, con sus índices de origen, anuales y decenales
  • La documentación relativa al servicio militar y la carrera militar
  • Los archivos notariales
  • Los archivos familiares y personales
  • Fuentes nominales y fuentes para la emigración.

El Registro Civil representa la fuente serial más útil para la investigación genealógica desde la primera mitad del siglo XIX hasta ahora.

El Registro Civil Napoleónico (RCN)

Fue introducido en Italia a partir de 1806, tras la anexión de muchas regiones al Imperio Francés y de la introducción del Código Civil, y permaneció en vigor hasta el 1815. La conservación del Registro Civil por parte de los ayuntamientos de la época ha producido una serie de registros de certificados de nacimiento, de matrimonio y de defunción, cuya doble copia, tras varias vicisitudes, dependiendo del tiempo y el lugar, ha terminado generalmente en los Archivos Estatales de las diversas provincias. A menudo junto a los registros hay numerosos documentos anexos y exámenes prenupciales que transmiten información interesante y que no puede ser encontrada en otro lugar, como la paternidad y maternidad, o el consenso de los contrayentes al matrimonio, permitiendo llegar a las generaciones precedentes, que vivieron en la segunda mitad o al final del siglo XVIII.

Registro Civil de la Restauración (RCR)

Tras la caída del Imperio napoleónico, el sistema de registro civil implantado en base al modelo francés fue abolido en casi todos los Estados. Fue mantenido tan solo en el Reino de Dos Sicilias, que correspondería aproximadamente a la actual Italia del Sur, y en el Ducado de Módena y Reggio. En Sicilia este registro fue introducido en 1820.

En cambio, en el Gran Ducado de Toscana fue implementado un sistema mixto: con el motuproprio del 18 de junio de 1817 fue instituido la Oficina del Registro Civil, un órgano dependiente de la Secretaría del Derecho Real con

En el Gran Ducado de Toscana, fue implementado un sistema mixto: con el motuproprio del 18 de junio de 1817 fue instituido el Registro Civil, un órgano central dependiente de la Secretaría del derecho Real con orden de coordinar y vigilar a párrocos y cancilleres en materia de registro civil y de gestión de los documentos en el territorio del Gran Ducado de Toscana. Una copia de los registros recogidos por los párrocos tenía que ser enviada a Florencia a la Oficina del Registro Civil. Tras la Unidad de Italia todo el archivo de esta Oficina confluyó en el Archivo Estatal de Florencia. Lo mismo ocurrió en el Reino de Cerdeña a partir de 1837 con la introducción del “Reglamento para la conservación de los registros destinados al Registro Civil”, anexo a la “carta patente” del 20 de junio.

Gran parte de esta documentación fue depositada, tras la Unidad de Italia en los Archivos Estatales, siguiendo lo establecido por la circular del procurador del Rey del 19 de mayo de 1873 y por el artículo 20 del Real Decreto número 2252 del 27 de mayo de 1875, que establece las reglas para la organización general de los Archivos Estatales.

El Registro Civil Italiano (RCI), instituido por el Real Decreto número 2602 del 15 de noviembre de 1865, y en vigor desde el 1 de enero de 1866 en todos los municipios italianos, da la exclusividad en la emisión de certificados de nacimiento y de ciudadanía, publicaciones de matrimonio, certificados de matrimonio y defunción al Registro Civil, y han de ser redactados en doble copia, una de los cuales se conservará en el ayuntamiento, mientras que la segunda era enviada, hasta 2001, al Tribunal competente y posteriormente al Archivo Estatal para conservarlo de manera permanente.

Se registra a todos los ciudadanos, sin distinción de sexo o religión, por lo que son más exhaustivos que la documentación militar, que concierne solo a los ciudadanos de sexo masculino, y que los registros parroquiales, que excluyen a ateos, no bautizados o a cuantos profesan otras confesiones religiosas.

Los registros están acompañados por índices alfabéticos anuales y decenales (link a 1.7.2.2) que permiten realizar una búsqueda rápida de las actas.

A partir de 1875 los nuevos modelos de los registros dividen el espacio en una primera y una segunda parte. Esta última está destinada a las llamadas actas diversas: es decir, a las actas del registro civil que conciernen a los ciudadanos italianos residentes en un determinado ayuntamiento realizados por otro ayuntamiento o ante otras autoridades, esencialmente transcripciones de sentencias del Tribunal y actas del registro civil procedentes del extranjero.

La sub-serie de los Adjuntos contiene, a su vez, documentos originales, como certificados médicos de nacimiento o muerte, así como una gran variedad de actas relativas a las transcripciones y anotaciones de los documentos del Registro Civil. Estos Adjuntos son redactados en una sola copia, que se conserva en los Tribunales, y estos documentos también terminarán en el Archivo de Estado, como terminó la segunda copia de los certificados del Registro Civil.

Entre los documentos que los novios tenían que presentar para realizar la promesa de matrimonio es posible encontrar: 1) los extractos del certificado de nacimiento de los contrayentes; 2) el consentimiento de los respectivos padres, si estuviesen todavía vivos, o, en caso contrario, los certificados de defunción; 3) el atestado del domicilio y certificado de soltería de los contrayentes; 4) el certificado de la notificación realizado en el domicilio de los contrayentes.

Hasta el 2001, en aplicación del primer libro del Código Civil (R. D. Número 1852, del 12 de diciembre de 1938), la materia del Registro Civil estaba regulada a nivel jurídico por el Real Decreto número 1238 del 9 de julio de 1939, “Organización del Registro Civil” y la responsabilidad de la vigilancia de la aplicación de esta norma recaía en la autoridad judicial territorialmente competente.

Tras la publicación del D.P.R. número 369 del 3 de noviembre de 2000, Reglamento para la revisión y simplificación de la organización del Registro Civil, en vigor desde el 1 de abril de 2001, la responsabilidad de la vigilancia ha vuelto a recaer en las Prefecturas, ya que éstas custodian los segundos originales de los registros.

Para llevar a cabo una búsqueda en los archivos del Registro Civil, ya sea en las salas de estudio de los Archivos Estatales, o en el Portal de los Antepasados, Los archivos para la investigación genealógica, se puede recurrir a los índices de origen en ausencia de las bases de datos de los nombres que figuran en el Registro Civil (consultables en la sección “Encuentra los nombres”). Estos índices están organizados tanto por orden alfabético como cronológico, y han sido realizados al mismo tiempo que los archivos, por lo que representan un instrumento eficaz para identificar y conseguir el acta del registro civil o la información específica que se está buscando. Por desgracia, no siempre estos índices se organizan en una única serie independiente, o incluso a veces esa serie, cuando existe, no se presenta de manera completa, ya que puede ocurrir que los índices anuales se antepongan o coloquen detrás de los registros a los que hacen referencia. Los índices incluyen el número de acta y la página del registro civil del año de referencia para cada persona.

Los índices del Registro Civil estaban ya previstos en la legislación francesa que ha introducido el Registro Civil en Italia y, por tanto, pueden estar presentes en los archivos del Registro Civil Napoleónico y en los de la Restauración. Todavía durante los primeros años del siglo XIX se pueden encontrar índices redactados por nombre y no por apellido.

Con el Registro Civil posterior a la Unidad de Italia se empiezan a compilar los índices sistemáticamente. La ley establecía que los registros se cerraban al final de cada año con la declaración escrita y firmada colocada inmediatamente después de la última acta. El 1 de enero del año siguiente, el responsable del Registro Civil del ayuntamiento, en su declaración, indicaba el número de las actas inscritas en cada uno de los registros y redactaba, para ambas copias, un índice anual en orden alfabética de los apellidos de las personas a las que hacen referencia las actas (art. 29 y 30 del R. D. número 2602 del 15 de noviembre de 1865).

Además del índice anual se redactaba cada 10 años un índice decenal, también en doble copia. Los índices debían ser redactados “colocando los apellidos en orden alfabético silabado” (como establecía la circular ministerial del 3 de agosto de 1874): es decir, el apellido debe siempre preceder al nombre.

Para diferenciar las actas de la segunda parte de los registros de los que se colocaban en la primera, en los índices se colocaba al lado del número de registro y del acta la letra “S”.

Como se ha dicho, los índices anuales y decenales incluyen, además del año, la referencia al número de acta. Con esta información es posible identificar el documento buscado en la serie específica (registros de nacimientos, de matrimonios y de defunciones)

Las actas contenidas en la serie de los Adjuntos o Exámenes prenupciales (documentos presentados en caso de matrimonio civil), se recuperan haciendo referencia al número de acta de la promesa de matrimonio y al año en que tiene lugar.

Casi todos los Archivos Estatales conservan, aunque en diferentes cantidades, las Listas de Reclutamiento (Liste di Leva), redactadas anualmente en base al censo por los ayuntamientos, en doble copia y con una lista por orden alfabético de toda la población masculina residente en edad de prestar servicio y ser sometidos a revisión médica militar (entre los 17 y 20 años), según las modalidades establecidas por ley (para verificar la disponibilidad de estas listas en los Archivos Estatales vaya a la sección “El Territorio y las Fuentes”).Uno de los dos originales se quedaba en el ayuntamiento y otro era enviado a la Oficina de Reclutamiento de la capital de provincia o de circunscripción para posteriores operaciones de selección y reclutamiento.

En el curso de tales operaciones se realizaban las Listas de Extracción (listas de los conscriptos ordenadas de manera casual, pero en base a las órdenes recibidas) y los Registros sumarios de las decisiones del Consejo de Reclutamiento, relativas a la suerte de cada conscripto. Al lado de los datos ya indicados por el ayuntamiento para cada posible recluta, las Listas de Reclutamiento, y posteriormente las de extracción, contienen datos relativos al examen psicofísico: nivel de alfabetización, profesión, características físicas y antropométricas (color de ojos y pelo, forma de la nariz, altura y circunferencia torácica), además del informe médico relativo a la visita: «hábil reclutado» en una de las categorías previstas, «re-evaluable» en el reclutamiento siguiente, «reformado» o «prófugo».

El servicio militar del Reino de Italia estaba regulado por la ley número 1676 del Reino de Cerdeña del 1854 (ley La Marmora), extendida al resto de Italia a partir de los años 1860-1862. Las clases militares ordenadas por año de nacimiento que participaban en el servicio comienzan, por tanto, del 1840 al 1842 o más tarde, en otros lugares, siguiendo los territorios anexionados en el proceso de Unificación. Esto no excluye que puedan existir clases más antiguas en muchas áreas (además de, obviamente, el Reino de Cerdeña), en las que los Archivos Estatales conservan también las actas del servicio militar del último período pre-unitario.

Tras la reforma del 1911 (última la clase 1891) no fueron redactadas nuevas Listas de extracción ni Registros Sumarios.

Los originales de las Listas de Reclutamiento se transfirieron a los Archivos Estatales competentes pasados 70 años del año de su publicación.

La obligatoriedad del servicio militar, prevista por el artículo 52 de la Constitución de la República Italiana, se suspendió a partir del 1 de enero del año 2005, siguiendo lo establecido por la ley número 226 del 23 de agosto de 2004. Los individuos de sexo masculino hasta la clase de 1985 pueden consultar su posición relativa en el cumplimiento del servicio militar en los Centros documentales militares que, desde el 30 de octubre de 2000, han substituido a los antiguos distritos militares instituidos en el 1870.

En muchos casos, junto a la documentación del reclutamiento, los archivos estatales conservan los Expedientes del servicio militar, redactados por los Distritos militares, que se ocupan de tener la documentación oficial de todos los servicios prestados al Estado por cada uno de los militares y de todos los aspectos que modifican la posición de esa persona durante el tiempo de su permanencia en servicio.

Cada recluta está unívocamente identificado con un número progresivo, la «matrícula», ligado a su quinta o clase militar (que puede ser diferente de la clase de nacimiento), al Distrito militar que lo recluta y a la categoría de pertenencia (mientras ésta existió).

Para cada soldado el expediente incluye de manera sintética toda la información relativa a su carrera militar: número de “matrícula”, cuerpo, fecha de reclutamiento, grados, eventuales honores concedidos o sanciones aplicadas, o deserciones. Los expedientes pueden estar ordenados por orden de matrícula en volúmenes relativos a cada una de las clases. En estos volúmenes anuales se incluyen exclusivamente los reclutas, es decir, aquellos que han prestado servicio militar de manera efectiva. No figuran los “reformados” (los declarados no hábiles para el servicio por motivos de salud), los exentos (sobre todo por motivos familiares) y los prófugos (los que no se han presentado a la visita de reclutamiento o a la llamada al servicio).

Los expedientes militares de los Distritos, acompañados por rúbricas alfabéticas que constituyen el instrumento fundamental para efectuar las investigaciones, son enviados al Archivo Estatal de la provincia pertinente tras 70 años del reclutamiento; aquí pueden consultarse siguiendo las normas relativas a la protección de datos.

Se puede encontrar mayor información en la hoja de servicios, ya que los expedientes militares son una síntesis de las mismas, redactados también por los Distritos Militares y sólo ocasionalmente enviados al Archivo Estatal competente. Estos están articulados en dos secciones: tropa y suboficiales, y contienen la documentación oficial de cada uno de los reclutas.

La Dirección General para el Personal Militar (PERSOMIL) custodia, a su vez, la Hoja de Servicios de los oficiales (de toda graduación) fallecidos hace más de 10 años (20 años para los Generales)

Los archivos notariales constituyen, dentro de los Archivos Estatales, el verdadero nexo entre los documentos de los archivos públicos (por ejemplo, los procesos de las antiguas magistraturas son muy ricos en actas notariales) y los privados (gran parte de la documentación de los archivos gentilicios está constituida por actas notariales).

La mayor parte de los protocolos notariales – desde el punto de vista de la diplomacia es el grupo más denso de documentos – tienen carácter promíscuo: en un intervalo reducido de tiempo (generalmente un año) encontramos una gran variedad de formas contractuales. La mayor parte de los documentos se refiere a actos de naturaleza económica o jurídica (poderes, compraventas, alquileres, concesiones, etc.), pero hay también muchos documentos que conciernen al ámbito de las relaciones familiares: emancipación de los hijos, pactos matrimoniales, donaciones y testamentos (a menudo registrados en volúmenes específicos). La importancia de estos documentos para la investigación genealógica y de la historia de la familia es muy grande. De hecho, en cada documento notarial existen precisas referencias genealógicas para al menos las dos generaciones anteriores: para la persona presente en acta y para el padre de este individuo. Una mayor relevancia asume, en cambio, el testamento: acta en la que muy a menudo existen precisas referencias a tres, y a veces incluso cuatro, generaciones sucesivas.

 

En el período comprendido entre las década centrales del siglo XVI y el final del XVII se desarrollaron en Italia tres estrategias diferentes de conservación de los documentos notariales. La primera consiste en la institución de grandes archivos de concentración, creados en los pequeños estados de la Italia central y septentrional (Lucca, Siena y Florencia, Génova, Venecia y Padua), destinados a recoger todo el material de naturaleza privada redactado por los notarios. La segunda, llevada a cabo en particular en los Estados Pontificios, llevó a la creación de estructuras de conservación prácticamente en cada comunidad. La tercera estrategia, por último, en línea con el modelo francés y realizada en particular en el Reino de Cerdeña y en el Reino de Dos Sicilias, se centró en los estudios notariales y, por tanto, en el paso de los documentos de notario en notario.

Durante el dominio napoleónico el notariado y los archivos notariales de la península italiana fueron reorganizados con la introducción de la normativa francesa: con la ley del 25 ventoso del año XI (el 16 de marzo de 1803) y con el reglamento sobre el notariado en el Reino de Italia napoleónico del 16 de junio de 1806.

A la fragmentación normativa pre-unitaria puso fin, en 1875, la primera ley italiana sobre la organización del notariado del 25 de julio de 1875, inspirada sobre todo, incluso en lo concerniente a la formación profesional, en la legislación pre-unitaria. A esta ley seguirá, en 1879, una ley de modificación y, posteriormente, un Texto Único de recogida de documentos destinado a estar en vigor hasta la ley de 1913.

Con el Texto Único número 4900 del 25 de mayo de 1879, las “Oficinas de insinuación” (hoy llamadas Oficinas del Registro Civil) fueron obligadas a entregar las actas notariales al archivo notarial del respectivo distrito. Este texto preveía también la posibilidad de crear archivos subsidiarios en otras ciudades del distrito. Estos archivos fueron suprimidos por el Artículo 9 del Real Decreto número 3138 del 31 de diciembre de 1923, y se permitió su funcionamiento sólo “para operaciones pertinentes a las actas que ya se hayan depositado”. Por tanto, tales archivos, aunque existan todavía hoy, no reciben nuevas actas y conservan sólo los documentos de más de 100 años de antigüedad.

En ocasión de la segunda ley notarial unitaria, la número 89 del 16 de febrero de 1913, el problema de la conservación de los protocolos notariales antiguos fue afrontado de nuevo y establecido, con el artículo 96, que en cada Ayuntamiento que fuese sede de un Tribunal se crease un archivo notarial del distrito. Se dio también facultad a los dos ministerios implicados, el de Interior y el de Justicia, para establecer acuerdos para el depósito de las actas de menos de 50 años de antigüedad en los Archivos Estatales. La que había sido una simple facultad se convirtió en una obligación con la ley número 2006 del 22 de diciembre de 1939, que estableció en su artículo 11 la reunión en los Archivos Estatales de “las actas notariales” recibidas de notarios que hayan cesado su actividad profesional antes del 1 de enero de 1800”.

Otro cambio significativo se registró con la ley número 629 del 17 de mayo de 1952, que trataba de la “Reorganización de los archivos notariales”, que, una vez confirmada la dependencia de los archivos notariales del Ministerio de Gracia y Justicia, establecía un límite temporal móvil de un siglo para la entrega de los protocolos notariales a los Archivos Estatales. La misma norma fue posteriormente confirmada por la ley archivística del 1963 (DPR número 1409 del 30 de septiembre de 1963)

Las actas notariales de los últimos 100 años se conservan en los Archivos Notariales del Distrito, cuyas circunscripciones coinciden con las de los distritos de los Tribunales de segunda instancia.

En Italia muchos Archivos Estatales conservan archivos o cartas provenientes de familias o personas: los archivos gentilicios o de familia y los archivos personales, representan, sin duda, uno de los recursos más preciosos de entre las fuentes de carácter privado indispensables para la historia de la familia y para el género biográfico.

Los archivos gentilicios están estrechamente ligados a la tradición de la nobleza italiana, que, en la diversidad de las entidades geopolíticas italianas, en época medieval y moderna, ha tenido, a menudo, un rol relevante desde el punto de vista político, social y económico. Esto se ha traducido en la multiforme variedad documental presente en los archivos de familia, en los que, además de documentos de carácter público, debidos a los cargos que ocuparon algunos miembros de la familia, se conservan series de documentos administrativos y contables, relativos a sus bienes y actividades económicas, además de núcleos de correspondencia epistolar, diarios, pero también planos, diseños y álbumes de fotografías.

En las últimas décadas del siglo XIX a los archivos familiares se han adjuntado los personales, producidos por personalidades de la política, de la cultura, del arte, de las profesiones (arquitectos, ingenieros, periodistas, abogados, etc.), de la economía (emprendedores, comerciantes, etc.) pero también, cada vez más a menudo, de gente común, protagonista activa de la vida social de nuestro tiempo. Junto a cartas que testimonian la vida privada y las relaciones personales de las personas que las escribían, estos archivos conservan documentos relativos a sus actividades profesionales y a su participación en la vida pública.

A partir de la segunda mitad del siglo XIX y a lo largo del XX, numerosos archivos familiares y, sucesivamente también personales, han entrado a formar parte del patrimonio documental de los Archivos Estatales, gracias a donaciones, herencias, adquisiciones o depósitos.

La consulta de estos archivos por parte de aquellos que están interesados en la reconstrucción de la vida y las actividades de sus antepasados puede ser muy importante, ya que en ellos se conservan materiales que no solo contienen una información preciosa sobre las personas y las familias que las han creado, sino también documentos, cartas, fotografías y otros testimonios significativos sobre las personas que se han relacionado con ellas por motivos personales o laborales. Si se tienen indicios que un antepasado ha tenido que ver con una familia o persona cuyo archivo se conserva hoy, vale la pena buscar en sus archivos, que pueden reservar interesantes sorpresas.

Se recuerda que muchos de estos archivos se conservan en bibliotecas públicas, instituciones culturales, centros de documentación, universidades y, también, en casas privadas, sean éstas propiedad de quien los ha generado o sus herederos, directos o indirectos. La tutela de estos archivos es responsabilidad de las Superintendencias archivísticas y bibliográficas, a quienes se reserva también la competencia de la declaración de interés histórico particularmente importante. Es necesario dirigirse a estas superintendencias para acceder a dichos documentos.

Se pueden encontrar en la red descripciones de archivos de familia e indicaciones relativas a su localización: para aquellos documentos conservados en los Archivos Estatales, en el Sistema informativo de los Archivos Estatales (SIAS) y para aquellos custodiados por instituciones y entes no estatales y por instituciones privadas, en el Sistema informativo unificado de las superintendencias archivísticas y bibliográficas (SIUSA) o, en ambos casos, en el Sistema archivístico nacional (SAN).

Muchísimas instituciones públicas, en el ejercicio de sus funciones, han recogido, a partir de inicios del siglo XX, una gran variedad de información sobre individuos, ya sea por razón de control político y social como para dar a estas personas servicios del Estado del bienestar (pensiones, indemnizaciones, contribuciones e incentivos económicos, todo tipo de asistencia). Se trata por ejemplo de oficinas como las Prefecturas, Cuesturas, Tribunales o de entes de asistencia y beneficencia, pero también de escuelas, hospitales, orfanatos, etc. En sus archivos, muchos de los cuales confluyen tras 30 años en los Archivos Estatales competentes para cada distrito, están a menudo presentes grabaciones varias y, sobre todo, series de fascículos nominales pertenecientes a un individuo en particular, que contienen documentación de carácter burocrático, pero también instancias, documentos personales, etc., que pueden ser muy útiles para la reconstrucción de la vida y las actividades de nuestros antepasados. Las series de fascículos de los empleados y libros de matrícula se pueden encontrar en los archivos de cualquier oficina pública o de empresas privadas, de asociaciones, etc.

En algunas de estas series es posible también encontrar documentación concerniente a la emigración hacia el extranjero, y en particular al continente americano: por ejemplo, en los almacenes de la Cuestura y la Prefectura es posible recuperar muchos fascículos relativos a la emigración como las solicitudes de pasaporte y los controles de la emigración clandestina.

Sin embargo, no siempre la emigración se desarrollaba según las reglas establecidas por ley: una fuente fundamental para los descendientes de inmigrantes pueden ser las Listas de Reclutamiento; la gran emigración fue, de hecho, una de las causas del fenómeno de los prófugos (link a glossario); y en los expedientes y hojas de servicio se registra el “nulla obstat” para quien solicitaba un pasaporte, a veces, incluso indicando el país de destino.

Son también muy importantes las listas de embarque, en particular para los principales puertos de salida hacia América durante la Gran Emigración Italiana, es decir, Palermo, Nápoles y Génova. Desgraciadamente no siempre se conserva la documentación relativa a los Comisariados que comprobaban los movimientos migratorios hacia otros continentes.

El Archivo Estatal de Génova ha realizado una base de datos de las Listas de emigrantes sacadas de los Registros de la colección Magistrado de sanidad para el período 1833-1856, que puede ser consultado en la página web del Centro Internacional de Estudios sobre la Emigración Italiana (http://www.ciseionline.it/2012/index.as).

En el Archivo Estatal de Nápoles se conservan pocas listas de embarque recuperadas en la colección Cuestura de Nápoles, Archivo General, I serie, sólo para los años 1883-1887. Se conserva en su integridad, en cambio, la sub-serie de los pasaportes, también en la Cuestura de Nápoles, Archivo General, emitidas sobre todo a ciudadanos napolitanos, del 1888 al 1932. La relativa base de datos se puede consultar en la sala de inventarios del Archivo Estatal de Nápoles.

Estas fuentes resultan particularmente útiles a los descendientes de emigrantes italianos residentes en el extranjero. A partir de las últimas décadas del siglo XX el deseo de redescubrir las propias raíces se ha convertido en una exigencia creciente. Una parte de los cerca de 80 millones de italianos que viven alrededor del mundo y pueden consultar el portal tienen la exigencia de encontrar las raíces genealógicas y conocer así la historia de su familia y los motivos que llevaron a la familia al nuevo mundo; retomar contacto con los parientes que se quedaron en Italia y obtener la ciudadanía italiana y, así, disfrutar de los beneficios asociados a un ciudadano de la Unión Europea.